LAS MANIFESTACIONES PÚBLICAS Y EL USO DE LA FUERZA POLICIAL.

El caso que ha originado el presente análisis nace a partir de las elecciones municipales, en las cuales estaba previsto que fueran elegidas las autoridades municipales, el pasado 16 de febrero. Sin embargo, a causa de las múltiples fallas técnicas presentadas en los equipos de voto automatizado utilizados en estas elecciones, las mismas se reprogramaron para el próximo domingo 15 de marzo.

Uno de los puntos de debate que han surgido a raíz de la suspensión de estas elecciones ha sido, la responsabilidad de las fallas presentadas, lo cual, a su vez ha desatado una ola de protestas en contra de los miembros de la Junta Central Electoral, por considerar que estos habían incumplido una de sus obligaciones esenciales como es la de llevar a cabo la celebración de los comicios.

En ese sentido, entre las demandas realizadas por el electorado se encuentra la renuncia de los miembros de la Junta Central por considerarlos manifiestamente incompetentes en el desempeño de sus funciones, o en su defecto, que los responsables de cometer la falta sean debidamente sancionados.

A propósito de estas manifestaciones, resulta necesario analizar el derecho a la protesta social, puesto que el mismo no se encuentra expresamente reconocido, ni en la Constitución, ni en los tratados internacionales de derechos humanos. No obstante, se ha entendido que es un derecho que se desprende de otros que sí se encuentran consagrados y positivizados.

De igual manera, a raíz de la utilización de gases lacrimógenos en contra de los manifestantes que se encontraban en la Plaza de la Bandera durante el segundo día de protesta, es indispensable examinar si el uso de la fuerza de la intervención policial estuvo justificado, toda vez que estos tienen como finalidad la preservación y restablecimiento del orden público, cuando ha sido deteriorado y su actuación debe responder de manera proporcional y razonable.

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