LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN ÉPOCA DE PANDEMIA.

Introducción:

Frente a la amenaza que suponen las enfermedades contagiosas como el COVID-19, advertimos que la preservación de la salud colectiva se presenta como el centro del Derecho y de la actividad administrativa, lo cual obliga a la Administración a utilizar diversos mecanismos con la finalidad de prevenir, controlar y erradicar tales enfermedades.

Ahora bien, la intervención pública no solo implica el condicionamiento de algunas actividades a través de determinados requisitos, sino que, en ciertas ocasiones, cuando se despliegan las llamadas técnicas ablativas, la Administración incide sobre los particulares de manera directa y contundente, afectando los bienes patrimoniales de las personas, y en el peor de los casos, la esfera personal de los administrados.

En ese sentido, si bien es cierto que la implementación de tales medidas genera un conflicto entre la salud colectiva (interés general) y los derechos individuales de las personas al invadir de la forma más impetuosa posible sus libertades públicas y los derechos personales reconocidos por la Constitución y las leyes, también es cierto que las mismas, en algunos países, se encuentran reguladas por un marco normativo deficiente, que utiliza supuestos habilitantes amplios, y conceptos jurídicos indeterminados, concediendo así a la Administración no solo un amplio un margen de discrecionalidad sobre la adopción y el contenido de las medidas, sino también desproveyéndola de un procedimiento de aplicación, generando inseguridad jurídica y debilitando las garantías de los derechos y libertades de las personas a las que se dirigen dichas medidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente escrito analizaremos las normativas vigentes que regulan la adopción de medidas sanitarias para proteger a la población frente a enfermedades contagiosas en la República Dominicana, y determinaremos si las mismas resultan eficaces, o si por el contrario, es necesaria la implementación de mejoras en la legislación estudiada para garantizar la legalidad de la afectación de los derechos y libertades de los individuos. Para ello, combinaremos las metodologías analítica, expositiva y comparativa, toda vez que nos permitirá descomponer en varios elementos el tema seleccionado y tener una mejor comprensión de este a nivel nacional e internacional.

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